La política antimigratoria europea y la instrumentalización de la migración

Mientras las guerras y los conflictos en Oriente Medio, Ucrania, África y otras regiones obligan a millones de personas a abandonar sus hogares y convertirse en refugiadas, Europa responde cerrando aún más sus fronteras: devoluciones forzadas, naufragios, deportaciones, leyes y normativas racistas, tanto a nivel de la Unión Europea como de cada Estado miembro. Es sabido que, por múltiples razones, la mayoría de quienes huyen de la guerra buscan refugio en países vecinos y no en Europa. Por ejemplo, mientras continúa el genocidio del pueblo palestino en Gaza y la guerra y los ataques de Israel se extienden a Líbano, Siria, Yemen y otros lugares, o mientras la guerra civil en Sudán ha desplazado, según la ONU, a nueve millones de personas, no se ha registrado ninguna oleada de refugiados hacia Europa. A pesar de ello, el discurso alarmista de los países europeos sobre la gestión de los flujos migratorios y la reproducción del relato de la llamada “crisis de los refugiados” no solo no cesa, sino que adquiere dimensiones cada vez más peligrosas.

El nuevo Pacto de Migración, aprobado recientemente por los Estados miembros de la UE, arrasa con los últimos restos de derechos humanos y hace saltar por los aires la Convención de Ginebra para la protección de las personas refugiadas. El asilo político, entendido como derecho individual para cualquier persona perseguida, ha sido abolido de facto. El estatus de protección internacional que algunos países europeos otorgan a los pocos refugiados que consiguen llegar a suelo europeo es cada vez más precario: puede ser retirado de manera automática o quedar anulado mediante decisiones políticas exprés. El caso de Siria es un ejemplo claro: tras la caída del régimen de Asad, los países europeos se apresuraron a bloquear las solicitudes de asilo de los refugiados sirios, dejándoles en una situación de total incertidumbre. Una decisión que vulnera flagrantemente la Convención de Ginebra.

Países terceros “seguros” y externalización de fronteras

La nueva fase de la política antimigratoria pasa por los acuerdos entre países europeos y “terceros países seguros” para deportar forzosamente a personas refugiadas contra su voluntad. Reino Unido lleva tiempo intentando expulsar a personas refugiadas a Ruanda. Italia, por su parte, ha firmado un acuerdo similar con Albania, financiando centros de detención y enviando ya a decenas de refugiados a ese país. Alemania ha alcanzado un pacto con Uzbekistán para deportar allí a personas afganas. Otros países europeos buscan acuerdos parecidos con diferentes Estados.
Pero hay un elemento añadido en esta estrategia: el trueque de refugiados “indeseados” por migrantes “útiles”, convertidos en mano de obra barata. Por ejemplo, el acuerdo entre Alemania y Uzbekistán incluye que, por cada afgano deportado a Uzbekistán, Alemania aceptará trabajadores uzbecos cualificados. En Grecia, la política antimigratoria va de la mano de nuevos acuerdos con Pakistán, Bangladesh o India para la llegada de trabajadores temporeros. En otras palabras: los migrantes legales y permanentes, que podrían llegar a reclamar derechos, y las personas refugiadas, algunas de ellas especialmente vulnerables, están siendo sustituidas por trabajadores precarios, sin derechos, sin estabilidad y fácilmente controlables.

Turquía, país que ni siquiera es seguro para sus propios ciudadanos, fue declarada “país seguro” por la UE y sus Estados miembros. Desde el vergonzoso acuerdo UE-Turquía de 2016, que convirtió las islas del Egeo en “cárceles a cielo abierto” para decenas de miles de refugiados, hasta la decisión inaceptable del gobierno griego de considerar Turquía como país seguro para refugiados de Siria, Afganistán, Pakistán, Bangladesh y Somalia, toda la lógica es la misma: externalización de fronteras. La pregunta es inevitable: ¿hasta dónde llegan, exactamente, las fronteras —físicas o no— de Europa?

La instrumentalización de la migración como herramienta de derechización social

La realidad es que ninguno de estos países (Reino Unido, Alemania, Italia) ha logrado ejecutar deportaciones masivas hacia estos terceros países “seguros”. No solo por el coste desorbitado del proceso, sino también por los bloqueos legales. El reciente intento de Italia de deportar a 12 refugiados a Albania fue inmediatamente frenado por una decisión judicial que declaró ilegal la medida y obligó a devolver a los refugiados a territorio italiano. Este episodio revela otros aspectos de la estrategia de la ultraderecha italiana, que sabía de antemano que los tribunales bloquearían la operación. Su respuesta fue clara: “Tenemos el mandato del pueblo italiano para hacer lo que hacemos. Los jueces son demasiado progresistas y nos ponen trabas. Nosotros vamos a saltar todos los obstáculos legales”. La propaganda ultraderechista italiana utiliza a migrantes y refugiados como chivos expiatorios con el objetivo de endurecer y derechizar aún más a la sociedad.

En Alemania, la situación es similar. Algunos incidentes aislados de violencia relacionados con migrantes han servido como excusa para activar todo un plan nacional antimigratorio: deportaciones, controles en las fronteras terrestres y acuerdos con terceros países considerados “seguros”.

Mientras las guerras —con la complicidad, cuando no con la participación directa, de los países europeos— continúan sin final a la vista, el endurecimiento de las fronteras, el encierro de refugiados en condiciones inhumanas y la estigmatización racista, tanto social como institucional, no detendrán la llegada de personas refugiadas. Solo multiplicarán las muertes en los pasos fronterizos, dentro y fuera de Europa.

En Grecia, los naufragios mortales, muchos de ellos durante operaciones de devoluciones en caliente, se suceden a pesar de las denuncias de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Quienes consiguen llegar son hacinados en condiciones infrahumanas en los campos de internamiento. En algunas islas, como Samos, la población refugiada supera con creces la capacidad del campo de refugiados. Los cortes de agua y la falta de acceso a bienes básicos hacen que la vida sea sencillamente invivible.