Plegarias a subasta: ¿quién da más?

Una de las noticias relevantes para el arte estos días ha sido la iniciativa de crowfunding llevada a cabo por el MNAC; se ha propuesto que la ciudadanía financie la compra de la obra «La Plegaria» de Fortuny ante la falta de fondos por parte del museo. Resurge el debate de quién debe financiar la cultura. Viene al caso rescatar parte de las conversaciones que surgieron en la jornada “La responsabilidad sociocultural de la empresa”, organizada por el CaixaForum hace un mes. En ellas se proponía fomentar un modelo de gestión mixto: inversión privada, inversión pública y autofinanciación (tickets, alquiler de espacios, etc.). Sin embargo, pronto se pasó de la armoniosa teoría a reprochar falta de implicación entre unos sectores y otros: las fundaciones velan por los coleccionistas, y dirigen sus réplicas al Estado y a los museos; los coleccionistas también claman al Estado y a los museos; los museos defienden su estatus y critican nuevamente al Estado; y Estado…no tiene representación alguna.

Algunas demandas por parte de las fundaciones de empresas eran: modificación de la ley de mecenazgo para ofrecer mayores prebendas al coleccionista, poniendo como ejemplo al MOMA, que alberga multitud de programas promoviendo así la afamada filantropía americana; flexibilizar la normativa de los Departamentos de Conservación para que no haya tantos impedimentos en que ciertas obras puedan exponerse en otros lugares (se hizo referencia al Guernica); transparencia en la gestión museística, ofreciendo a disposición pública los planes estratégicos del museo.

Lo que al fin y al cabo se exigía era una gestión bajo miras de eficacia y eficiencia, bajo principios que se están poniendo en valor (en especial la eficiencia), ahora que el dinero parece haberse evaporado. Cierto que muchos han logrado sacar adelante buenos programas trabajando con modestos presupuestos, pero mis miras se dirigen a las grandes subvenciones. Muchos arquitectos estrella, artistas estrella, comisarios estrella,… la mayoría extranjeros. Finalmente este barco se ha estrellado, y nuestros profesionales huyen a destinos donde sí se les valore.

Toda propuesta parecía razonable hasta que Juan Alfaro (secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad), portavoz del sector de coleccionistas, emitió las palabras que todos habíamos estado temiendo: “Es necesario saber cómo poder intervenir en la programación del museo… que los museos nos pregunten, ¿qué esperáis de nosotros como institución cultural? ¿Qué performance o artistas os gustaría ver?”. No resigna con quedarse en el lema “hay que empresarializar cada día más las instituciones”, sino que traspasa las competencias correspondientes a su sector, inmiscuyendo a los coleccionistas en tareas que no son de su potestad. Siguiendo la misma regla, si por dar dinero se tiene poder decisorio ¿por qué no se ha hecho con la ciudadanía cuando la financiación salía de las arcas públicas? De ahí el miedo que suele venir al pensar en financiación privada, que se traspasen derechos y deberes de la compra al mecenazgo.

¿Cuál es el principal problema? Ignasi Miró, director del área cultural de la Fundación la Caixa, no se anduvo con rodeos: “La cultura se encuentra en riesgo de exclusión social”. Visualizó la frase con un dato: un visitante viene 4 veces al año al CaixaForum, por lo tanto, su audiencia ya no es de un millón de personas, sino de 200.000. Al preguntarse “¿Para quién trabajamos si el público es cada vez menor aunque con mayor capacidad de demanda?” Da con la solución del problema ante el que nos encaramos hoy día: persona a la que se le ofrece una formación adecuada, persona que repite. Pregunta de la sesión: “¿Hemos invertido la energía necesaria en consciencia social?”

No se fomenta la educación ni la mediación cultural, por lo tanto, la escisión entre arte y sociedad parece cada vez mayor. Grave irresponsabilidad política al considerar totalmente prescindible la esfera artística, ya que eliminan el capital simbólico que aporta a la sociedad. En un momento en que todo se debe justificar en términos de impacto económico, no es difícil augurar la ruina del intelecto común al que nos van empujando.
Todos tenemos el derecho de acceder a la cultura y también ciertas responsabilidades con ella. Sólo espero que el caso Fortuny no haga olvidar al Estado cuáles son las suyas.