Des-policializar. Una imagen apocalíptica

“La abolición no es ausencia, es presencia. En aquello que se convertirá el mundo ya existe en fragmentos y piezas, experimentos y posibilidades. Por eso aquellos que sienten en su interior una profunda ansiedad porque el abolicionismo significa derribarlo todo, quemar la tierra y comenzar algo nuevo, que olviden eso. El abolicionismo implica construir el futuro a partir del presente, de todas las formas que podamos”. Ruth Wilson Gilmore

En la oleada de protestas en contra de la violencia policial y el racismo institucional que arrollaron el verano de 2020 los Estados Unidos se dejó notar un cambio de mensaje.

Los manifestantes ya no solo portaban pancartas de «Black Lives Matter» u otras proclamas antirracistas; por todas partes se leía «defund the police», «abolish the police»: desfinanciar y abolir la policía. ¿Qué implica este giro en la gramática de la protesta? ¿Se trata de un cambio estratégico en la lucha contra el capitalismo racial, el desplazamiento hacia un horizonte ya operativo? Me gustaría reparar en esta imagen tan compleja, que incluso podríamos describir como sísmica, para intentar leer las profundas implicaciones que desata.

A lo que estas proclamas apuntan es «uno de los secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero el público no lo sabe»: la policía no está aquí para garantizar la seguridad ciudadana. Varios experimentos y estudios (por ejemplo, el llevado a cabo en Kansas City en 1973) han demostrado de manera reiterada que la presencia policial no hace disminuir la actividad criminal, ni tampoco la percepción de riesgo por parte de la ciudadanía. Su único propósito es mantener el orden social mediante la contención (que no solución) de la resistencia a ese orden. No ha tenido otro cometido desde sus orígenes, que son, por cierto, coloniales e industriales. Los podemos situar en la Guardia Irlandesa que instaura la Corona Británica para controlar la isla, en la Policía Metropolitana de Londres que surgió para contener las revueltas luditas, o en las policías que aparecen para vigilar la fuga de esclavos de las plantaciones en Estados Unidos: es decir, la policía surge como parte de la razón de Estado para gestionar y explotar la desigualdad en el s. XIX, pasando de técnicas militares represivas, caras y cruentas a otras técnicas de control social, estables y legítimas. Ni este es el lugar ni yo soy la persona adecuada para explicar de manera pormenorizada las causas y razones de todo esto; hay decenas de artículos y publicaciones que se han ocupado de ello recientemente. Todos ellos coinciden en que hay que tener muy poca o ninguna fe en que una reforma del cuerpo policial traerá algún cambio sustancial más allá de un poco de maquillaje público, por lo que, en resumidas cuentas, podemos decir que la policía es una institución obsoleta y violenta cuyo fin debería estar próximo. ¿Y qué se propone con la abolición o disolución de la policía? Redistribuir los fondos destinados a las fuerzas del orden entre servicios sociales y comunitarios como, por ejemplo, la vivienda, la educación, el empleo o la salud pública, que sí presentan una relación directa con la criminalidad, porque a mayores y mejores equipamientos sociales, comunidades más seguras y criminalidad más baja.

Por otra parte, lo que estos análisis también demuestran es que la policía es mucho más que un efectivo de uniformados. Es sobre todo un dispositivo de control que ha sido reforzado en estas últimas décadas de gobierno neoliberal, y que ha normalizado la cultura de la (in)seguridad, de la vigilancia y del miedo como complemento a la fragmentación social. Fruto de esto es el actual clima reformista, centrado en promover una imagen renovada de la policía desde parámetros de diversidad (tanto de género como étnica), de profesionalización (con amplios programas de formación y organismos reguladores), de proximidad (con la creación de policías comunitarias) y de prevención (más que de represión); es decir, se ha buscado (y se ha conseguido) «socializar la policía y policializar lo social». Como explican magistralmente — con grandes dosis de terror incluídas— Sergio García García y Débora Ávila Cantos, esto se ha producido en el Estado español a partir del vaciamiento de las políticas sociales, sustituidas en parte por programas de gestión de emergencias y proyectos de responsabilidad civil corporativa; hueco que ha sido aprovechado para la infiltración de la policía en el campo de la intervención social y, con ello, la interiorización de la vigilancia tanto a nivel personal como vecinal. Así, en estos últimos tiempos hemos ido (vi)viendo cómo la policía asume funciones de trabajadores sociales (mediación de conflictos vecinales, presencia en las escuelas dando charlas, dinamización de recursos ciudadanos, etc.) y, paralelamente, hemos visto cómo todes nosotres nos hemos convertido, poco a poco, en policías: en la izquierda y la derecha han proliferado las policías semióticas y los criminacionalistas, el punitivismo de asociaciones de vecinos «cabreados» o, más recientemente, los justicieros de balcón. Estamos viviendo una nueva era definida por la policialización en la que la cultura de los cuerpos policiales y de la vigilancia del orden se ha instalado en otros ámbitos sociales, profesionales y vitales, previamente inimaginables.

Trayendo todo esto de vuelta al momento actual, creo que a estas alturas a nadie se le escapa que la crisis desatada por la gestión de la pandemia ha tenido como consecuencia un notable aumento de la presencia policial en las calles, y con ella, un notable aumento de la policialización de la esfera pública: ha proliferado el lenguaje bélico, las sanciones, la apelación a la disciplina y a la responsabilidad individual-colectiva, las interpelaciones morales en la calle y en las redes… un caldo de cultivo para el autoritarismo y sus abusos, contrarios a cualquier forma de desarrollo comunitario. Otra de las grandes consecuencias de la COVID es que ha dejado al descubierto y ha agudizado drásticamente las desigualdades sociales, económicas y políticas existentes (se ha visto muy claramente, por ejemplo, en la posibilidad de seguir las clases online por millones de niñes, o en la polarización de la riqueza); revelando de manera dramática, también, que la letalidad del virus ha sido mayor en aquellos lugares donde la infraestructura social era escasa o prácticamente inexistente tras años de austeridad, racismo, recortes y guerras políticas. La policía y la policialización no solo son contrarias al desarrollo comunitario, sino que agravan las desigualdades y problemas de base que supuestamente atienden. Recojo aquí, al hilo de lo dicho, dos preguntas más que pertinentes que plantea José María López-Riba: «¿era necesaria esta policialización de la gestión de una crisis (que no olvidemos) es sanitaria? […] Al fin y al cabo, ¿no es mejor cuidarnos ante el virus (con servicios públicos fuertes y apoyo comunitario) que ir a la guerra contra él?».

La belleza de la filosofía abolicionista radica en su fuerza vitalista y operacionalista. Como apunta Ruth Wilson Gilmore, el abolicionismo no es una cuestión de queja y compasión, sino de políticas enraizadas en la vida y la muerte; es una práctica de largo aliento basada en la presencia, en el estar presente y construir desde el presente: de cómo conectamos y multiplicamos las redes que tienen la capacidad para levantar (que no para liderar) un movimiento amplio a favor de la justicia social, a favor de una vida vivible. Como me recuerda mi amigo Victor Aguado Machuca, el abolicionismo no es una utopía; más bien, es el presente que se comporta como un anacronismo. Permite pensar y actuar de manera sistémica en torno a la vida en común, reconociendo las vulnerabilidades y solidaridades compartidas. Y a partir de ahí, unir fuerzas en la lucha, diseñar y organizar formas de operar contra esas vulnerabilidades de manera conjunta, e impulsar «proyectos que afirman la vida», como los que proponen los promotores de la desfinanciación policial. Pensar con este horizonte interseccional nos lleva además a abolir no solo una «sino todas las instituciones violentas»: la cárcel, el trabajo, la universidad, el profesor, el comisario o el artista, como sugieren Moten y Harney. Proponen que a la fórmula compuesta por el abolicionismo y la presencia se ha de sumar el éxodo, la capacidad de sustraernos de las instituciones y relaciones de violencia en las que participamos: abandonar en masa, en vez de permanecer en una posición antagonista, y activar formas de complicidad radical «a favor de la realización radical de la presencia». Abandonar la institución del artista, del comisario (de policía como de arte: A.C.A.B. por igual) y «sus profundas aguas estancadas» que señala mi querida Raisa Maudit, a favor de una presencia estética e intelectual compartida.

Hace poco, en una clase que impartiamos juntas, mi compañera Hypatia Voulourmis nos recordaba que la etimología griega de «apocalíptico» no solo alude a su capacidad de destrucción, sino también de revelación. Invocaba así unos feminismos apocalípticos cuyas fuerzas revelatorias vendrían a deshacer y a acabar con mundos heteropatriarcales y racistas, llamados a desaparecer, creando en su lugar otros mundos vivibles. Podríamos decir que la imagen de la des-policialización que ha surgido de un tiempo a esta parte, gracias a las largas herencias del pensamiento y activismo negro abolicionista, es eso: una imagen apocalíptica o un horizonte que contiene ya los fragmentos y piezas de un mundo por venir.