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15 octubre 2018
La lucha por la territorialidad: la Piedra Kueka

Carlota Surós

En toda la región conocida como la Gran Sabana, en el Estado Bolívar de Venezuela, sólo hay una carretera pavimentada, la Troncal 10, que la comunidad indígena pemón llama “La Carretera Negra” o “La Serpiente Negra”. La carretera pasa por El Dorado y asciende precipitadamente, tras un puñado de kilómetros, hacia el Parque Nacional de Canaima, que abarca gran parte del Municipio Gran Sabana. En su tramo final atraviesa el último poblado venezolano, Santa Elena de Uairén, situado a unos 15 kilómetros de la frontera con Brasil, y conecta con Boa Vista, en el Estado de Roraima. El área es un territorio geopolíticamente estratégico por sus grandes recursos biogenéticos, y la carretera –impulsada para conectar las zonas de intensidad de consumo y productividad con la región amazónica– ilustra una historia de conflicto y disputa por el control territorial, de explotación incontrolada de recursos naturales y de abuso extractivista que marca gran parte del siglo XX y se extiende hasta día de hoy.

La construcción de la Troncal es tan solo un preámbulo en la historia de expropiación, modificación y ocupación de las áreas indígenas de la Gran Sabana. Dado que los recursos naturales de la zona son vitales para el desarrollo de la economía del país, su exportación y comercialización son realizadas por el mismo Estado[1], a menudo sin el consentimiento de sus habitantes. A pesar de que las organizaciones de los pueblos originarios han reconocido ciertos avances legislativos en materia de derechos indígenas, los pueblos originarios de la Gran Sabana han denunciado en numerosas ocasiones la modificación indiscriminada de su territorio, así como la prospección de proyectos de exploración, extracción y explotación de los recursos naturales[2] por parte del Estado sin consulta o participación de las mismas comunidades. Medidas como la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que anula “cualquier participación o consulta a la sociedad civil y criminaliza cualquier manifestación realizada en la zona”, revelan los intereses específicos del Estado sobre el territorio, y la falta de soberanía y amparo de las comunidades. Por otro lado, la zona transfronteriza se ha vuelto desde la construcción de la carretera una zona extensamente vulnerable a la clandestinidad, deforestación, redes de explotación sexual, tráfico de mujeres y drogas, y al contrabando de extracción, en especial combustible, oro, minerales, carbón, caucho, baterías o piedras preciosas; afectando el modelo social y cultural de los pueblos que en ella habitan.

Uno de las comunidades más sufridas por estos cambios ha sido el pueblo pemón, que desde la apertura de la carretera se ha mantenido en pie de lucha para reivindicar la tierra que le pertenece, sin resultados concretos que respalden la propiedad ancestral de su territorialidad. Según Jenny González Muñoz, sus problemas van más allá de la tenencia física del espacio físico per se, instalándose, también, “en la transgresión de las zonas arqueológicas y objetos que configuran la cosmovisión indígena[3]” y la concepción simbólica del territorio. Este ha sido el caso de la Piedra Kueka de los pemón, extraída el año 1998 del Parque Nacional de Canaima, cerca de la comunidad de Santa Cruz de Mapaurí, a 42 kilómetros de Santa Elena de Uairén. Sustraída por el artista alemán Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld, Kueka es una piedra de entre 9 y 12 metros cúbicos, de 30 toneladas de jaspe, que hasta este año 2018 ha formado parte del Global Stone Project[4], una instalación personal del artista alemán en el espacio público de Berlín que contiene piedras extraídas de cada continente y a las cuales el artista ha asociado una propiedad distinta (en el caso de Kueka, el amor). Tras su extracción, la piedra fue trasladada a Alemania, donde fue pulida, tallada, afilada e intervenida con varias inscripciones, y ha permanecido en el parque Tiergarten de la ciudad hasta su repatriación en mayo de 2018 a Venezuela.

Sanación de la piedra en Berlín en mayo de 2018. Foto:@CancilleriaVE

Para el pueblo pemón, cada piedra, así como cada rincón de la Gran Sabana, fue creado por Makunaima, dios de su tierra. Su cultura tiene una estructura cosmogónica de la naturaleza, a la que se considera sagrada y con el poder de incidir en el destino de los pueblos. Las piedras son divinidades, seres protectores, espíritus tutelares e intermediarios; son un lugar seguro para la prosperidad del pueblo y por ello son celadas encarecidamente[5]. Kueka, como dueña de lo que existe en la tierra, es considerada en la comunidad una madre, una abuela. En el momento de su extracción, los pemones estaban protestando contra el tendido eléctrico que se iba a construir en la Reserva Forestal de Imataca. El proyecto del tendido se remonta al año 1997, cuando Rafael Caldera, por entonces presidente de Venezuela, acordó con las empresas Edelca y Electronorte la instalación de una línea de alta tensión para dotar de electricidad a la región norte de Brasil, y la entrega de más de la mitad de las tierras de la reserva para la explotación minera por parte de empresas multinacionales (Decreto 1850). Los pemones, que sabían que su hábitat y el patrimonio natural de la región se verían seriamente afectados por estos proyectos, protestaron pacíficamente contra las acciones del Gobierno, emprendidas sin su consentimiento, sin obtener resultados. Ante la falta de respuesta a sus demandas de autodeterminación y derecho a la participación, cuando las obras se establecieron en su territorio inmediato, los miembros de la comunidad de Santa Cruz de Mapaurí optaron por cerrar la carretera durante varios días en julio de 1998. El bloqueo fue levantado después de que el Gobierno regional les prometiera una reunión con los ministros de Ambiente y Agricultura de Venezuela.[6]

Cuando los pemones volvieron a su pueblo tras la protesta a finales del mes de julio, interceptaron a la Kueka ya en la carretera, cargada en el camión y lista para ser exportada. La piedra se encontraba unos metros apartada del camino del pueblo y ni el pueblo pemón ni las autoridades indígenas habían sido informadas sobre su sustracción. A modo de protesta, los pemones y varios grupos de apoyo detuvieron su transporte en la Troncal. La Kueka permaneció a espera de nueva orden bajo el comando de la Guardia Nacional hasta diciembre de 1998, cuando fue finalmente trasladada a Berlín. La presión ejercida para evitar el transporte de la piedra no obtuvo resultados positivos; no funcionaron ni las protestas, ni la denuncia de la Comisión de Ambiente del Senado, ni el traslado del caso a la Fiscalía del Ministerio de la República. Según el documento de Derechos de los Pueblos Indios[7], los asesores de la Comisión advirtieron a Von Schwarzenfeld de las “violaciones legales, nacionales e internacionales” en las que incurría con la expropiación de la piedra, y le advirtieron sobre el conflicto que esto suponía con las comunidades indígenas que habitaban en el municipio. Aun así, el artista solicitó un permiso al Instituto Autónomo para Ambiente, Minería y Ordenación del Territorio (IAMOT) de la gobernación del Estado Bolívar, quien, “sin tener la potestad para ello, autorizó el traslado de la piedra”. El permiso fue presentado, según el documento, ante el jefe del Área de Vigilancia y Control del Servicio Autónomo Ambiental de Guayana, quien finalmente autorizó el traslado de la piedra del comando de la Guardia Nacional hacia Europa. El permiso de sustracción inicial de la piedra había sido otorgado, ilícitamente, por el entonces presidente de Inparques (Instituto Nacional de Parques), vulnerando la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio de 1983, que aseguraba que el objetivo fundamental del parque es preservar el patrimonio cultural y natural del mismo, y la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, que explícitamente prohíbe a cualquier funcionario otorgar permisos y autorizaciones de bienes que pertenezcan al Estado. El transporte también obtuvo el beneplácito del entonces embajador en Alemania, Eric Becker. En todo caso, ninguna acción legal pudo bloquear la irregularidad institucional a través de la cual se permitió el expolio.

En el transcurso de los siguientes años, los pemones tomaron cartas en el asunto, dirigiéndose tanto a Inparques como a la Defensoría del Pueblo y a la Embajada de Alemania, a los que visitaron con el propósito de exigir las gestiones necesarias para la devolución de la Kueka al Parque Nacional de Canaima. Tras la persistencia de las protestas, tanto el nuevo presidente de Inparques como el nuevo embajador de Alemania en Venezuela, Edmund Duckwitz, se comprometieron a encontrar una solución que nunca tuvo lugar. Los múltiples reclamos verbales no tuvieron éxito hasta que la Fiscalía empezó a actuar en 2012, cuando la movilización empezó a tener repercusión internacional y la envergadura de la lucha se acrecentaba; el asunto se ha resuelto, finalmente, este año 2018. La falta de toma de responsabilidades[8], el retraso en las gestiones y de convenciones internacionales efectivas de protección de patrimonio histórico y cultural se han evidenciado con la lentitud y desidia de los gobiernos, que durante décadas se han trasladado mutuamente la responsabilidad de la restitución de la Kueka, amparándose, por otro lado, en la dádiva, por la cual no se consideraba la sustracción como expolio, a pesar de la irregularidades burocráticas. Por otro lado, la vaguedad del proceso ha dificultado la aplicación de medidas internacionales como la Convención Internacional de 1970 de la UNESCO[9], cuya función es prohibir y sancionar la extracción ilícita de bienes culturales, para evitar su tráfico ilegal. La convención establece una forma de reclamo que carga el coste del retorno en el reclamante, y usa el discurso buenista de la fe: si quien obtuvo el bien cultural lo hizo de buena fe, está exonerado de responsabilidad, cosa que, por sus términos subjetivos, dificulta las reclamaciones y el éxito de las demandas de repatriación.

Según Raúl Grioni, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, la repatriación de la Kueka, en forma de re-donación, es una forma de “evitar que se abra una compuerta de reclamos que no pueda terminar nunca”[10] y de sostener, bajo una fórmula legal, la vuelta de la piedra sin tener que reconocer la ilegalidad de su sustracción. Por otro lado, el Global Stone Project, cuyo discurso es la conexión de paz entre los pueblos a partir del diálogo entre las piedras, era ya en los últimos años demasiado inconsistente a nivel institucional y semántico. El eco del conflicto con las comunidades indígenas ponía en primera orden la problemática del expolio en Alemania, uno de los países europeos con más bienes culturales extraídos de países que fueron colonias en el pasado. En cambio, la repatriación de la Kueka abría una posibilidad de redención e imagen de justicia para los gobiernos implicados, cuya administración había sido un ejemplo perfecto de hasta qué punto los limbos burocráticos son también relativos a la legalidad que sirve a un poder o a una red de poderes. La decisión fue clara.

Este artículo empieza con la historia de apertura de la carretera porque, en el caso de Venezuela, así como en muchos otros lugares, es a través de decisiones como ésta que se evidencian las relaciones de poder. La lucha de recuperación de la Kueka por parte de los pemones es equivalente a sus luchas contra la construcción de la carretera, el tendido eléctrico y el arco minero a día de hoy. Su relación es fundamental e incontestable: es la lucha por reconquistar la territorialidad. El caso de la extracción de la Kueka, así como la mera existencia del Global Stone Project, son la evidencia de acciones que se llevan a cabo solo desde y para la élite, desde la supremacía cultural occidental y el privilegio, y con el desprecio paternalista hacia las comunidades indígenas que no sólo han habitado el territorio ancestralmente, sino que han sido despojadas del usufructo del lugar que les pertenece, sobre el que no tienen potestad legal; siendo, por consecuencia, privadas de la vida. El expolio es, a nivel cultural, el sostén de un desplazamiento que se refleja diariamente en todos los demás niveles: política, legal, social y geográficamente. Tenemos mucho trabajo que hacer, y mucha responsabilidad todavía por admitir.

 

[1] La asociación Laboratorios de Paz publicó un informe ejecutivo sobre la situación del extractivismo en Venezuela.

[2]  Como por ejemplo, el oro, el carbón, los diamantes o el coltán.

[3] González Muñoz, Jenny. “La territorialidad de los pueblos originarios: una historia de despojos y violaciones en el Abya Yala”. Cuadernos do LEPAARQ – Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimônio. V-VII.13/14 (2010).

[4] El proyecto tiene página web:  http://www.globalstone.de/

[5] González Muñoz, Jenny. “Mitos sagrados de pueblos ancestrales. Exploración a los espacios de la memoria warao y pemón de Venezuela” Parallelus, Recive, .4.8 (2013): 153-161.

[6] Dado el consiguiente incumplimiento de los acuerdos, el conflicto se extendió varios años, pasando por diferentes fases y mandatos, incluído el gobierno de Hugo Chávez (electo en 1999). Los temas sustantivos del conflicto se quedaron sin resolver. Para una lectura detallada sobre el desarrollo del proyecto del tendido eléctrico, se recomienda leer https://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion/72/; el Informe CRA-AIT de Venezuela y el artículo de Mery Pérez en su bitácora; entre otros.

[7] Accesible aquí.

[8] En palabras del embajador Georg-Clemens Dick en 2012, con motivo de la visita de representantes del Pueblo Pemón: “Esto jamás ocurrió con la intención de quitarles algo: siempre consideramos la piedra Kueka como un regalo de Venezuela, para así crear una obra de arte global para la paz. Sin embargo, les ruego que comprendan la dificultad que implica una acción de esta naturaleza. (…) Para ello se requiere que todos los involucrados den su consentimiento para esta devolución, ya que el donativo original de la Piedra Kueka fue un regalo desde el punto de vista legal”. Puede leerse entera en aquí.

[9] Consultable aquí.

[10] En conversación con William Castillo en el programa TV Foro, en diciembre de 2012. Aunque en baja calidad, puede visionarse aquí.

Carlota es una investigadora transdisciplinaria con una debilidad por el arte contemporáneo, la sociología urbana, el feminismo, la música electrónica y la teoría crítica que vive en Berlín. Hace malabarismos para combinar todo eso en su trabajo diario, a la vez que escribe sobre lo que no la deja dormir bien. Tiene dos masters (en Museología y teoría crítica y en Estudios literarios y culturales) y combina actualmente estudios de postgrado con un trabajo de asistente en la universidad Humboldt de Berlín. Mientras le sigan diciendo que siempre está buscando las grietas en el pavimento, sabrá que está haciendo las cosas bien.

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